EN ESTADO A LOS 32

8 diciembre 2010

EN ESTADO A LOS 32

La Constitución Española ha celebrado sus 32 años habiéndose quedado en estado. Y no está encinta precisamente. Nuestras autoridades tenían una sorpresa preparada para la celebración de su cumpleaños: la activación, por primera vez en su historia, del artículo 116.2: el «estado de alarma». Suena grave y, en parte, lo es. Una catástrofe, una crisis sanitaria o una desgracia pública pueden ser las causas para proceder a su activación, además de la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Y éste último ha sido precisamente el motivo de su accionamiento por un periodo de tiempo de, al menos, quince días, que es lo que señala la Constitución. El estado de alarma, el nivel menos grave de los tres contemplados -estados de alarma, excepción y sitio- puede ser ordenado por el Gobierno a través de un decreto, teniendo que informar lo antes posible al Congreso, que decidiría por mayoría si se prorroga o no más allá de los quince días estipulados. Es la primera vez que subimos este primer peldaño. Pero, ¿qué o quiénes están detras de esta situación?

La respuesta la tenemos en un sector fundamental -y ellos lo saben- para el funcionamiento de este país, el de los controladores aéreos. 2.400 hombres y mujeres que, desde hace varios años, están echando un pulso al Gobierno. Un pulso que fue tornándose cada vez más virulento desde que José Blanco se hiciera con la cartera de Fomento. Los presentó ante la opinión pública como unos privilegiados y con un sueldo estratosférico -más de 350.000 euros al años, llegando en algunos casos hasta los 600.000- fruto de una jornada laboral basada, en un 40%, en horas extras que eran pagadas a precio de oro. Dicho y hecho. Disparó contra ellos. Con el convenio laboral caducado desde hace seis años y sin llegar a un acuerdo para renovarlo, decidió actuar por cuenta propia a golpe de decretazo para cambiar su jornada laboral: redujo al máximo sus horas extras -pasando de 600 a 80- e incrementó las ordinarias -de 1200 a 1670-. Sangría en las nóminas.

Empezó la batalla. Ese recorte se vió como una absoluta provocación en un sector que nunca antes había sido rozado por ningún gobierno. Eran los intocables… hasta ahora. Y comenzaron las amenazas. Veladas y no tan veladas. Jugando al ratón y al gato y conscientes de su superioridad. «Sin nosotros no sois nada», pensarán muchos de ellos. Y bajo esa premisa se unieron para luchar por lo suyo a costa de los demás. Amenazas constantes. Una de las más sonadas, a mediados de agosto, finalmente fue desactivada. Pero no abandonaron el campo de batalla. Las conversaciones con AENA en busca de un acuerdo continuaban a pesar de no llegar al destino deseado.

La guerra estalló a comienzos del puente de la Constitución. Al Gobierno le empezaba a preocupar la «interpretación» que hacían los controladores de su jornada. Hasta Fomento llegaban noticias de que algunos controladores abandonaban sus puestos porque daban por cumplidas sus 1750 horas de trabajo. El Ejecutivo reaccionó -de nuevo al estilo decretazo- y dejó bien claro este viernes que aquellas actividades de carácter no aeronáutico -las sindicales, los cursos de formación y las guardias- no computaban. Esta nueva decisión unilateral prendió la mecha, que llevó a la práctica totalidad de los controladores aéreos españoles a abandonar sus puestos de trabajo víctimas, dicen, de una enfermedad que había provocado un contagio masivo. Muchos no fueron al hospital sino a un hotel cercano a Barajas, donde estaban reunidos desde primera hora de ese mismo viernes. Era su centro de operaciones. Desde allí pilotarían el secuestro de cientos de miles de personas en todo el país. Ellos se plantaban. Se cerraba el espacio aéreo.

Comienza la animalada

Los controladores empezaron su chantaje. Querían lo suyo o nada y el mejor escenario posible para conseguirlo era crear el caos en el aeropuerto. Caras de sorpresa, asombro, cabreo y desesperación. Vacaciones preparadas desde hace semanas o meses, reencuentros familiares, citas ineludibles, bodas, exámenes y un sinfin de historias… Porque cada pasajero tenía su historia y el cumplimiento de ésta implicaba una inversión económica que permitiera a cada uno de ellos disfrutar de esos días, sus días. Una situación límite que, al parecer podría haberse evitado. ¿Por qué el Gobierno decidió aprobar ese decreto justo el viernes 3 de diciembre? Rubalcaba, el vicetodo, y dueño y señor del Ejecutivo durante la crisis ante la desaparición de Zapatero, dio a entender que había que hacerlo, ya que algunos controladores gallegos estaban empezando a abandonar sus puestos al dar por cumplida la totalidad de su jornada laboral. Pero entonces, ¿sabían de antemano tanto unos como otros lo que iba a suceder?; ¿fue éste el motivo y no una supuesta reunión económica de la Unión Europea lo que abortó la visita de Zapatero a Argentina para asistir a la XX Cumbre Iberoamericana?; y si así fuera ¿por qué ha desaparecido entonces?, ¿cómo es posible que el primer estado de alarma decretado en nuestra joven democracia no fuera anunciado por Zapatero?. Muchas preguntas sin respuesta. Lo único claro es que Rubalcaba llevó el peso del pulso de los controladores. Y sin temblarle la mano, decidió que el Ministerio de Defensa tomaría el control aéreo. Los efectivos del Ejército del Aire comenzaron a hacerse con el mando de las torres y centros de control a la espera de que se solucionara la situación.

Eso fue precisamente lo que no sucedió. El pulso seguía su curso y ambos contringantes tenían como base al más de medio millón de ciudadanos atrapados en los aeropuertos. Se presentaba una larga noche que continuó, ya en la madrugada, con la amenaza de la activación de un «estado de alarma» si no se recuperaba la normalidad. Finalmente, se puso en funcionamiento a mediodía del sábado. Los controladores pasaban a estar movilizados, siendo castigados duramente aquellos que no acudieran a su puesto con penas de cárcel por un delito de sedición por abandono colectivo, castigado con penas de hasta ocho años. Se procedió, por tanto, a la militarización de este servicio público.

Una dura respuesta para una auténtica salvajada. Ése no era el camino, y lo saben. Pasaron sesenta minutos para que fueramos conociendo que poco a poco, y con cuentagotas, los secuestradores aéreos volvían a sus puestos. Se acababa lo que para ellos había sido un juego. Un juego de consecuencias que aún se pueden ver. La normalidad no se ha recuperado. Se trata de una falsa apariencia. Con el espacio aéreo abierto y operando al cien por cien, la normalidad no se verá hasta que no sean compensados cada una de las personas a las que se dejó en tierra; tampoco hasta que el Ejecutivo y los controladores aéreos no lleguen a un acuerdo alejado de las vías del chantaje y que reconozca la labor de estos profesionales -que nunca ha sido discutida- y que ellos mismos se encargan de desprestigiar ante la opinión pública.

Hasta el final

Tampoco se recuperará esa normalidad hasta que se haga justicia y se inicie y se resuelva una investigación que señale a cada una de las personas que estuvieron involucradas en esta huelga salvaje. Si cometieron un delito, que acarreen con la pena estipulada. Hasta el momento, Blanco ha anunciado la apertura de 442 expedientes disciplinarios que se podrán resolver con la suspensión de empleo y sueldo o la expulsión definitiva del puesto de trabajo. Además, por otro lado, la Fiscalía llamará uno por uno a todos los implicados y abrirá diligencias que nos conducirán hasta la verdadera responsabilidad que tiene este colectivo. Sin embargo, en las últimas horas hemos podido apreciar un inquietante y preocupante cambio de actitud en el titular de Fomento. José Blanco señala a la cúpula del sindicato de controladores aéreos (USCA). Cuatro días después de dejar a España paralizada, Blanco asegura que estos trabajadores son unos «excelentes profesionales que quieren hacer su trabajo y que muchas veces se ven presionados para hacer seguidismo de la cúpula de su sindicato». ¿Está reculando el Gobierno?; ¿Planea centrarse sólo en la cúpula y liberar la carga de todos aquellos que faltaron gravemente a sus obligaciones?; ¿Miedo a enfrentarse a ellos?; ¿Temor a aplicar una justicia necesaria?. Lo que ya no se recuperará son las pérdidas millonarias que ha dejado el salvajismo. Pérdidas de los propios pasajeros, de las compañías aéreas, y en definitiva, en todo el sector turístico. Ahora toca reclamar. Pero, ¿quién nos compensará por la imagen que hemos dado al exterior?.  

Al Ejecutivo de Zapatero le interesa mantener buenas relaciones con los controladores porque, básicamente, no tiene recambio para ellos. No se les pudo echar al minuto uno de iniciarse esta huelga salvaje -algo que hubiera entrado dentro de toda lógica- porque no hay nadie más que les pueda sustituir. Sin embargo, desde que anunciara el Gobierno que entrenaría a controladores militares para que hicieran funciones civiles, se han hecho los deberes tarde y mal. Suspenso para las autoridades porque sabían que esto iba a ocurrir y nada hicieron para pararlo. Les tienen -y nos tienen- cogidos de donde mas nos duele. Lo saben y están orgullosos. Darán una tregua, pero queda aún mucha batalla por delante. ¿Nos dejarán volar en Navidad?

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